Las administraciones públicas que hayan visto reducido su presupuesto un 5% podrán presentar un ERE

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ERE, funcionarios, reforma laboral

• Fátima Bañez anunció el viernes como novedades dos aspectos sobre los despidos que ya se habían aprobado en la reforma laboral de febrero
• La ministra no comentó que el real decreto rebaja las condiciones necesarias para presentar un ERE al personal laboral de la administración

El pasado viernes, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, anunciaba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la aprobación de dos reales decretos que desarrollan, o amplían, la reforma laboral aprobada en febrero. Uno de ellos era el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo. Bañez destacó, ante la prensa, que esta norma aportaba dos novedades: la función de la autoridad laboral, desposeída con la reforma de su capacidad de autorizar o vetar los ERE; y la obligación de contratar un plan de recolocación externo a las empresas que despidan a más de 50 trabajadores. Ni la una ni la otra representan novedad alguna.

El reglamento, publicado hoy en el BOE, establece los tempos del periodo de consultas previo a la ejecución de los despidos del mismo modo que ya lo hacía el texto de la reforma laboral (15 días para empresas de menos de 50 trabajadores y 30 para el resto). Este reglamento, en palabras de Bañez el viernes, establece la labor “vigilante y controladora” de la autoridad laboral durante el proceso. ¿Cómo se traducen esos adjetivos de amplio espectro en el reglamento publicado hoy? “La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes, que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento”. ¿Y qué decía la reforma laboral sobre eso? Exactamente lo mismo.

Otra no-novedad. La obligación de contratar un plan de recolocación externo a las empresas que despidan a más de 50 trabajadores ya estaba contemplada en la reforma laboral y, de hecho, se ha estado aplicando, como bien saben las miles de personas afectadas por un ERE desde entonces.

Lo que sí supone una novedad con respecto a la reforma laboral (y que Fátima Báñez no destacó en la rueda de prensa), como ya se apuntó durante el proceso de aprobación del decreto que hoy se publica, es que abre la puerta por primera vez a los ERE en la administración pública y lo hace, además, con las reglas que marca dicha reforma laboral. En agosto, los sindicatos ya criticaron que sólo se aplicara al personal laboral y no a los funcionarios, lo que consideran “discriminatorio”. Además, arremetieron contra el hecho de que, para justificar despidos por causas económicas, fuera suficiente con alegar que el presupuesto del departamento hubiera bajado un 10%. Eso, en el borrador que se manejaba entonces. En el decreto ley finalmente aprobado las condiciones para acogerse a un ERE por motivos económicos son mucho más laxas. Es suficiente con que las cuentas del departamento que pretende ejecutar los despidos hayan descendido un 5% en el último ejercicio o un 7% en los dos últimos ejercicios. Atendiendo sólo al recorte en el presupuesto de 2012, todos los ministerios cumplirían esa condición excepto Interior y Presidencia.

Buenos días.

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Primero te nombro y luego ya publicaré la convocatoria

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Almería, BOE, delegación del Gobierno, libre designación

• La jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Almería fue designada antes incluso de aprobar y hacer pública la convocatoria
• El BOE publica hoy la resolución del nombramiento para un cargo que la concejal del PP ejerce, públicamente, desde hace 70 días

El 18 de julio el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, recibía a la nueva jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer en la provincia, Concepción Reyes Moreno, tal y como recogía ese mismo día la prensa digital y, al día siguiente, la prensa impresa. Un día después, el Ministerio de Haciendo y Administraciones Públicas aprobaba una orden para convocar ese puesto de trabajo, ya otorgado, que no publicaría el BOE hasta el 1 de agosto.  Esta misma mañana, 70 días después de ese encuentro público con el subdelegado luciendo nuevo cargo, el BOE publica la resolución de la convocatoria, por la que se otorga el cargo de Jefa de unidad contra la violencia de la mujer, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería, a Concepción Reyes Moreno.

El Real Decreto (364/1995) que regula la contratación de personal publico aclara que se podrá designar un cargo de libre disposición como éste “previa convocatoria pública” y tras dejar pasar un margen de al menos 15 días para la recepción de solicitudes. En este caso, el puesto fue adjudicado incluso antes de formalizar la convocatoria y mucho antes de su publicación en el BOE.

Reyes Moreno es una persona de confianza de la delegada del Gobierno en Andalucía, María del Carmen Crespo Díaz (ambas del PP). De hecho, es concejal de Salud, Consumo, Mayor, Familia e Inmigración del municipio almeriense de Adra (24.500 habitantes en 2011), el mismo ayuntamiento del que fue alcaldesa la delegada del gobierno andaluza hasta su nombramiento en diciembre del pasado año.

Este nombramiento es sólo uno de las decenas que se publican casi a diario en el BOE bajo el procedimiento de libre designación, es decir, seleccionados a libre juicio del órgano competente y sin oposición o concurso de méritos mediante. El Real Decreto antes mencionado establece qué puestos de trabajo pueden ser cubiertos mediante este procedimiento, entre los que nombra varios tipos de altos cargos de la administración, secretarías…. y a “aquellos cargos de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en la relación de puestos de trabajo”. Por este sistema, por nombrar sólo algunos ejemplos de los últimos días, se han nombrado cargos a primera vista técnicos como varios jefes de negociados de visados en consulados y embajadas extranjeras, o el veterinario que ejerce de jefe de dependencia del área de agricultura en la subdelegación del Gobierno en León.

El asunto no es la idoneidad de una u otra persona para tal o cual cargo, que desconocemos en este caso, o incluso la legitimidad de ciertos nombramientos por libre disposición, que esperamos poder volver a tratar en próximas entregas. Es simplemente el cumplimiento de las normas y los plazos.

Buenos días.

El patronato del Prado o lo que el ministro Wert entiende por cultura

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BOE, cultura, Museo del Prado, wert

• Wert nombra vocal del patronato del Museo del Prado al abogado Pérez-Llorca, uno de los llamados siete padres de la Constitución Española
• Los presidentes de Telefónica, Acciona, La Caixa, Iberdrola y BBVA también han sido designados vocales del organismo durante este año
• Alicia Koplowitz, un ministro de Defensa de Aznar y un secretario de Estado de Felipe González forman parte de esaa lista de vocales

El Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha nombrado vocal del patronato del Museo del Prado a José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, un paso previo que le permitiría ser elegido presidente de la entidad, tal y como apunta ABC, que asegura que es el candidato del Gobierno para el puesto. El ministro de Cultura puede nombrar libremente hasta 15 vocales de este órgano “designados entre personas de reconocida competencia en asuntos relacionados con el patrimonio histórico español o que se hayan distinguido por sus servicios a la cultura”. El nuevo vocal y posible presidente es abogado y uno de los siete hombres que la épica de la Transición denominó “padres de la Constitución“. Fue ministro de Presidencia, Administración Territorial y Asuntos Exteriores de UCD y es abogado y profesor de Derecho Constitucional. No sabemos, por lo que conocemos de su curriculum público, cuáles son sus referencias en conocimientos sobre patrimonio o sus aportaciones a la cultura.

Si finalmente este jueves es nombrado presidente, pese a que algunos miembros del patronato prefieren que se elija un perfil relacionado con el arte, queda el consuelo de que podría haber sido peor: algunos confidenciales llegaron a apuntar a José María Aznar para el cargo. Pérez-Llorca se suma así a un patronato que cuenta entre sus filas a vocales como Guillermo de la Dehesa Romero (economista, asesor de Goldman Sachs y secretario de Estado en el Gobierno del PSOE), Eduardo Serra Rexach (Ministro de Defensa en el Gobierno de Aznar) o Alicia Koplowitz (una de las grandes fortunas españolas, miembro desde febrero de 2007). Los tres han sido reasignados por Wert durante 2012, ya que el puesto caduca a los cinco años. También forman parte de este órgano personalidades de reconocido prestigio artístico o cultural, como el historiador del arte José Milicua Illarramendi.

BBVA, TELEFÓNICA Y LA CAIXA, EN EL PATRONATO

En noviembre de 2011, poco antes de despedirse de su cargo, el entonces Ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, firmó un Real Decreto para permitir la entrada en el patronato del museo, también como vocales, a los grandes mecenas del Prado. A partir de entonces, el ministro de turno, a instancias del patronato, también puede nombrar a hasta diez vocales elegidos “entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines”.

El PSOE no tuvo tiempo de hacer uso de la nueva norma, pero sí el PP. Así, el pasado 24 de enero Francisco González (presidente del BBVA), César Alierta (presidente de Telefónica), José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), José Ignacio Sánchez Galań (presidente de Iberdrola), Isidre Fainé (presidente de La Caixa) y Jean-Laurent Granier (CEO de Axa en el Mediterráneo), pasaron a engrosar la lista de vocales, que puede ser de entre 20 y 40, y ya pueden añadir a sus currículos un vistoso sello: vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado.

Desde su llegada al ministerio, Wert también ha designado como vocal del patronato que debe fijar las directrices generales de actuación del Museo del Prado, en este caso alegando sus conocimientos culturales o patrimoniales, a Pilar del Castillo, quien fue Ministra de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno popular de Aznar entre 2000 y 2004.

Buenos días.

[Actualización del jueves 25 de octubre: Efectivamente, Pérez-Llorca ha sido nombrado presidente del Prado pese a no contar con bagaje artístico. Eso sí, en sus primeras declaraciones, ha afirmado orgulloso que ha visitado el museo unas 800 veces.]

Las donaciones a partidos siguen siendo un secreto de estado

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BOE, financiación partidos, Interior, presupuestos, transparencia

• Los partidos ya estaban obligados a informar al Tribunal de Cuentas de todas las donaciones recibidas en su balance anual
• La reforma les obliga a hacer público su balance y los préstamos y condonaciones recibidas, pero no el listado de donantes privados
• Las fundaciones de partidos siguen pudiendo recibir donaciones de empresas con contrato vigente con las administraciones públicas

El BOE ha publicado esta mañana, en pleno arranque del debate presupuestario, la reforma de la Ley de  Financiación de Partidos. La norma está “inspirada”, según el propio Ejecutivo, en el “principio de transparencia” y fue aprobada por amplía mayoría (308 votos a favor, dos en contra -de Amaiur- y 12 abstenciones) en el Congreso. Casi todos de acuerdo. La oposición, eso sí, criticó durante el trámite parlamentario uno de los puntos de la ley: las subvenciones que van a recibir este año se reducen un 20% y, además, su cuantía dependerá cada año del libre criterio del Gobierno de turno. Hasta ahora, las cuantías eran fijas: más de 82 millones de euros a repartir entre los presentes en el hemiciclo, distribuídos por número de escaños y de votos (unos 30 millones para PP y unos 20 para PSOE, según el último resultados electoral). Todo ello a cargo del presupuesto del Ministerio del Interior.

Mientras la atención se centra en un recorte en las ayudas atribuíble al tijeretazo general de los Presupuestos Generales del Estado, se anuncia que la reforma permitirá controlar más a fondo cómo se financian los partidos políticos, tras escándalos como la investigación por financiación irregular de Convergència en el caso Millet. Pero, ¿qué valor real tiene esta reforma para controlar de dónde y cómo reciben dinero los partidos políticos y sus fundaciones?

La nueva norma obliga a los partidos a declarar antes de tres meses ante el Tribunal de Cuentas las donaciones privadas de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles. La única novedad es temporal. Desde 2007, tal y como marca la ley reformada hoy, todas las formaciones parlamentarias deben presentar ante el Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del siguiente año un balance anual con dos anexos: un listado de todas las donaciones privadas recibidas en el que se pueda identificar al donante y una memoria que detalle el estado de los préstamos concedidos por entidades bancarias. Lo único que añade la reforma es la obligación de informar antes al Tribunal de Cuentas en el caso de que su cuantía rebase estos 50.000 euros.

LAS DONACIONES SEGUIRÁN SIN HACERSE PÚBLICAS

Otro de los logros en pos de la transparencia que relata la publicidad anexa a la reforma apunta que, a partir de ahora, los partidos están obligados a hacer públicas sus cuentas, preferiblemente en sus páginas web, lo que incluye el balance anual y la memoria sobre los créditos que les han otorgado los bancos, pero no el listado de las donaciones privadas recibidas, que seguirá siendo un asunto privado entre la formación política y el Tribunal de Cuentas.

La norma fija, además, que las entidades bancarias no podrán condonar deudas de más de 100.000 euros al año a los partidos, una cifra que permite imaginar el peso de estos ‘regalos’, recibidos de manos de entidades que están llevando a cabo desahucios sistemáticos por no querer condonar deudas hipotecarias infladas o aceptar, simplemente, la dación en pago de la vivienda.

Se mantiene, puesto que ya constaba en la anterior legislación, el límite de 100.00 euros al año para donaciones privadas de particulares o empresas, un tope que es de 150.000 euros en el caso de las fundaciones vinculadas a partidos. Pero, eso sí, se amplían las empresas que no pueden realizar ofrendas a los partidos. Si antes estaban prohibidas para compañías “con un contrato vigente” con las administraciones públicas, ahora se añade el veto para las empresas participadas mayoritariamente por esas compañías o que formen parte del mismo grupo. Antes y ahora, eso sí, se establece que haya un contrato vigente para poder penalizar la donación y no se vigilan los contratos con administraciones públicas otorgados, por ejemplo, después de que una empresa otorgue a un partido político uno de estos presentes.

LAS FUNDACIONES, UN OASIS

Eso sí, las fundaciones de partidos sí pueden recibir dádivas de empresas que tengan un contrato vigente con las administraciones públicas. La reforma establece, además, que no se considerarán donaciones a estas entidades el dinero otorgado a éstas para realizar un proyecto en el que hayan “intereses comunes”.

La reforma mantiene la cuantía de las sanciones a quienes no incumplan las limitaciones de financiación que impone la ley, pero añade algunas pequeñas modificaciones léxicas. Antes, si un partido no presentaba sus cuentas o no estaban completas, el Tribunal de Cuentas podía “suspender” la subvención. Ahora, puede “retenerla”. Además, se crea un “periodo de audiencia” al partido investigado antes de iniciar el procedimiento sancionador. En la ley de 2008, este procedimiento se iniciaba si se encontraban indicios de delito y, a posteriori, el partido tenía 15 días para defenderse o explicarse ante el tribunal.

La reforma publicada hoy no modifica, por ejemplo, que las cuotas de afiliación a partidos políticos sean deducibles hasta los 600 euros por año o que las donaciones a los mismos tengan las mismas deducciones fiscales que las que se realizan a las ONG como Cruz Roja o Médicos del Mundo, por poner dos ejemplos.

Buenos días.

Más indultos

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Aznar, BOE, indultos, PP, Rajoy, Zapatero

• Rajoy ya lleva 390 indultos. Zapatero, en todo 2011, concedió 300
• Uno de los últimos agraciados es hermano de un concejal del PP

En lo que llevamos de 2012, el Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto unos 390 indultos. El Gobierno de Zapatero, durante todo el año 2011, indultó a 300 personas. Ni unos ni otros parecen poca cosa, pero lo que sí está claro es que Rajoy le gana la carrera a su antecesor antes de haber finiquitado el año. Aun así, ambos presidentes son principiantes en esto de conceder el derecho de gracia si les comparamos con José María Aznar. Durante el año 2000, superó de largo los 1.700 indultos, en parte gracias a un paquete de 1.327 (según mis cuentas manuales con datos del BOE; la prensa dijo entonces que eran 1.443) concedidos de golpe y porrazo en el Consejo de Ministros del 1 de diciembre de ese año atendiendo a razones tan terrenales como que era Año Santo y se acababa el milenio, tal y como lo justificó el entonces Ministro de Justicia, Ángel Acebes. La medida levantó una enorme polvareda entre jueces y ciudadanos, no sólo porque el indulto masivo está prohibido explícitamente en la Constitución Española, sino porque entre la montaña de polvo de los cientos de agraciados se encontraba el juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso Sogecable.

No ha sido el único indulto polémico. Zapatero se despidió de La Moncloa indultando al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; y Rajoy ha otorgado el derecho de gracia a cinco Mossos d’Esquadra condenados por torturas, un exalcalde y tres concejales del PP condenados por prevaricación y un alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en la época de Pujol condenado por malversación, entre otros.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la ciudadanía sospeche de cualquier indulto, un procedimiento heredado de las monarquías absolutas y la dictadura franquista (la ley que lo regula es de 1870). El BOE de hoy recoge un total de diez indultos. Uno de ellos se le otorga a Sergio Mochón González-Escalada, condenado en octubre de 2010 de un delito de lesiones causante de deformidad. Según probó la sentencia, le hizo saltar tres dientes a puñetazos a un portero de edificio. El indulto rebaja la pena de tres a dos años, que se cumplirían este mismo mes.

No conocemos las razones de esta medida de gracia, ya que no se hacen públicas, pero sí que Sergio Mochón González-Escalada es hermano de un concejal del PP en Cájar (Granada) y nieto de marquesa y general. Perdonar la pena a una persona relacionada con un miembro del partido en el Gobierno no es delito, pero sospechar tampoco.

Buenos días.

(Muchas gracias por su ayuda a Carlos Almeida)

La subvención a guarderías públicas y privadas se equipara en Cataluña

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catalunya, DOGC, educación, Generalitat, guarderías, Mas

• El gobierno catalán condece 720 euros por alumno y año a las privadas
• Las ayudas a las guarderías públicas han bajado de 1800 a 875 euros

El pasado 11 de junio, la consellera catalana de Educación, Irene Rigau, avisaba: la aportación de la Generalitat de Catalunya a las guarderías municipales para este curso será de 875 euros por alumno y curso, un 33% menos que en el año anterior, que fue de 1.300 euros. ¿Y qué pasa con las guarderías privadas? Esta mañana, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), primo catalán del BOE, ha publicado las subvenciones que otorgará el Govern a los centros educativos privados para niños de 0 a 3 años: 720 euros por alumno y año. La aportación de la Generalitat a unos y otros, un año más, tiende a equipararse. Además, el recorte sufrido en las públicas (33%) dista mucho del que han sufrido las privadas (10%).

Este es el primer año en el que las guarderías privadas van a ver reducida su subvención, que ha venido siendo de 800 euros por alumno y curso en los últimos años, gobernara CiU o el anterior tripartito. En cambio, el tijeretazo en las  públicas ha sido mucho más drástico: de 1.800 a 875 euros en sólo tres años desde la llegada al Govern de Artur Mas.

El coste de escolarización de un niño de 0 a 3 años en una guardería municipal se reparte entre la Generalitat, el ayuntamiento y los padres. Con el descenso de la aportación autonómica, excepto en los casos en los que los municipios aumenten su presupuesto, el precio que deben pagar los padres cada mes aumenta.

La partida destinada a subvencionar guarderías privadas, tal y como publica hoy el DOGC, es de más de ocho millones de euros, a repartir entre las entidades sin ánimo de lucro que tengan a niños matriculados de esas edades. Un vistazo a la lista de centros agraciados con la subvención el curso pasado (2011/2012) muestra que buena parte de ellos son centros religiosos.

En el gráfico, evolución del gasto de la Generalitat  por alumno y curso en las guarderías públicas y privadas.

Buenas tardes.

Defensa, el presupuesto que siempre engorda

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BOE, presupuestos

• A 31 de agosto, el gasto es de 636 millones más de lo presupuestado
• En septiembre se aprobó un crédito extraordinario de 1.782 millones

Como en los buenos propósitos de año nuevo, lo importante no es lo que se promete, sino el balance de lo cumplido a 31 de diciembre. Pues bien, a 31 de agosto las cuentas del Ministerio de Defensa ya suman un desvío -hacia arriba, claro- de más de 636 millones de euros, como bien alertaba la periodista Ana Tudela esta mañana en Twitter. El BOE ha publicado hoy las ‘Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería’ en el que se detallan, cada mes, los gastos e ingresos de la administración, es decir, el cumplimiento -o no- de los buenos propósitos descritos en los Presupuestos Generales del Estado.

En Defensa, al presupuesto inicial de algo más de 6.316 millones de euros se suma esa “modificación” de otros 636 millones largos. En total, a 31 de agosto de 2012, el Ministerio de Defensa prevé gastar casi 7.000 millones de euros (6.953.113.000 euros, para ser exactos) este 2012.

Además, el pasado 7 de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que concedía un crédito extraordinario a dicho Ministerio para el pago de armamento ya adquirido por una cuantía de más de 1.700 millones de euros (1.782.770.890 euros, para los amantes de la concreción). Lo más caro del lote, que incluye un par de helicópteros, un obús, un misil y un carro, entre otros, es un avión EF-2000 que cuesta más de mil millones de euros. El objetivo, según explicó entonces el Gobierno, era intentar paliar una parte de las deudas del departamento con los proveedores de la industria armamentística. Queda pendiente saber si esos 1.700 millones se sumarán a la desviación a 31 de agosto. En caso de que fuera así, el gasto total de Defensa se elevaría ya a 8.735 millones de euros, 2.000 millones más de lo presupuestado inicialmente.

EL MAQUILLAJE EN DEFENSA, UN CLÁSICO DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Esta no es la primera vez que los gastos del Ministerio de Defensa crecen y se multiplican según pasan los meses. En 2011, con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un presupuesto inicial de 7.156 millones de euros engordó hasta los 8.301 en la ejecución de las cuentas a 31 de diciembre. No podremos comparar el gasto en Defensa de ambos ejercicios hasta que tengamos el dato real, a 31 de diciembre, del año 2012 (se suele publicar en marzo del año siguiente). Será entonces cuando podremos verificar si el coste del ministerio ha disminuido o, en cambio, ha crecido.

No son casos aislados: lo presupuestado para este ministerio crece invariablemente año tras año. Supongamos que se trata de un desvío de cuentas justificable por la necesidad de adaptarse a circunstancias imprevisibles durante el año de ejecución del presupuesto. Pongamos, como ejemplo, que se necesite más personal para cubrir bajas inesperadas, o que el gasto en armamento básico crezca unos miles de euros porque se han previsto menos desperfectos en el material. No parece el caso, ya que se trata de cuantiosas partidas presupuestarias: el desvío anual nunca baja de los 1.000 millones de euros. Unos ejemplos:

• En 2010, se presupuestaron 7.694 millones de euros y se gastaron 8.715.
• En 2009, se presupuestaron 8.255 millones de euros y se gastaron 9.344.
• En 2008, se presupuestaron 8.149 millones de euros y se gastaron 9.810.

Cuando se aprobaron los presupuestos para este 2012, muchos criticaron que la reducción del gasto en Defensa fuera de un 8,8%, cuando otros departamentos como Educación Cultura y Deporte (reducción del 21,2%), Asuntos Exteriores y Cooperación (54,4%) o Sanidad (13,7%) sufrieron recortes mucho mayores. De hecho, el tijeretazo medio en el global de los ministerios era de casi el doble (16,9%). Pues bien, si atendemos al gasto real a estas alturas de año, al balance en lugar de a las promesas de año nuevo, las críticas de entonces se quedaron cortas.

Como comenta la periodista Ana Tudela, tendemos a publicitar y prestar atención a los presupuestos, pero nos olvidamos del balance a final de año, de la ejecución de los mismos, de cómo se ha repartido de facto el dinero público. Que no vuelva a pasar.

Buenas tardes.

(Muchas gracias por su ayuda a Ana Tudela y a Javier González Cuesta)

Deutsche Bank, el otro ‘banco malo’

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BOE, Economía, hipotecas

• El banco alemán, Banco de Valencia y Banesto no se han adherido al Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo por el Gobierno
• La cifra de desahucios sigue creciendo tras la aprobación del Real Decreto de protección de deudores hipotecarios: 47.943 en el segundo trimestre

Vamos a olvidarnos por un momento del concepto de ‘banco malo’ (la entidad que, gracias al apoyo de dinero público, comprará los activos tóxicos -léase pufos- de los bancos y cajas) que se repite estos meses en las recomendaciones/análisis de tertulianos y gurús y volvamos a la acepción primera, literal. Un banco malo sería, por ejemplo, aquel que, aún consciente de que el Código de Buenas Prácticas impulsado por el Ministro De Guindos apenas supone un cambio en su manera de trabajar con respecto a la negociación de deudas hipotecarias y desahucios, no se adhiere voluntariamente a dicho código.

El balance de adhesiones que hace público hoy el BOE no ha registrado ningún cambio cuantitativo desde su última publicación, el pasado julio. 101 entidades se habían sumado entonces y 101 siguen en la lista. Ha habido dos bajas ‘técnicas’, de entidades absorbidas por otras: Banca Cívica, por Caixabanc; y Banco Pastor, por Banco Popular. Y dos altas: el portugués Espírito Santo y la  Caixa Rural d’Algemesí, que se suma a las decenas de cajas rurales locales que se han adherido desde la puesta en marcha de este código en marzo de este año y que nutren buena parte del listado.

¿Quiénes no aparecen en esa lista? ¿Quiénes son, en este caso, los bancos ‘malos’? Entre muchas otras entidades que conceden créditos hipotecarios, destacan el Banco de Valencia (gestionado desde finales de 2011 por el FROB), Banesto o el alemán Deutsche Bank. El caso de éste último puede parecer lógico, teniendo en cuenta que no se trata de una entidad española, pero no lo es tanto si atendemos a que el ya mencionado Espírito Santo o el holandés ING sí han suscrito de forma voluntaria este Código de Buenas Prácticas.

A la espera del prometido balance semestral que el Ministerio de Economía y Competitividad debería hacer público en semanas, el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, no parece haber cumplido su objetivo. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los desahucios en el segundo trimestre de 2012 no sólo no han disminuído, sino que han seguido creciendo: entre abril, mayo y junio se produjeron un total de 47.943, según las mismas fuentes.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya alertó en marzo de que el Código de De Guindos no solucionaría el problema de los desahucios. Criticaban que se tratara de un acuerdo de adhesión voluntaria y que las durísimas condiciones para acceder a las mejoras en las cuotas hipotecarias o, incluso, a la dación en pago, hacen que “la práctica totalidad de familias quedarán fuera“. Además, afeaba al Gobierno que aprobara un decreto para incluir la dación en pago voluntaria, que ya estaba recogida en el ordenamiento jurídico pero sólo se aplica cuando la deuda es menor del valor de la casa, es decir, cuando al banco o caja esa dación le sale a cuenta.

De hecho, aunque en su momento se hicieron públicas y son de sobras conocidas, repasemos las condiciones que marca el Real Decreto, publicado en el BOE el pasado 10 de marzo, en cuya introducción se menciona en varias ocasiones que el objetivo de la norma es garantizar el derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Así, podrán acceder a  una renegociación de las condiciones de la hipoteca y, en última instancia, a la dación en pago, personas en el umbral de exclusión. Eso incluye, según la norma, a familias en las que ningún miembro, ni los miembros de la familia de los avalistas, perciba un sólo euro en concepto de rentas del trabajo o actividades económicas; que no tengan bienes o patrimonio que les permita pagar la deuda y que la cuota mensual a pagar al banco sea superior al 60% de los ingresos netos de la unidad familiar. Superadas esas primeras trabajas, además, el precio de adquisición de la vivienda no puede superar unas cuantías, que van desde los 200.000 euros en los municipios de más de un millón de habitantes hasta los 120.000 en los de menos de 120.000 ciudadanos, unas cantidades totalmente alejadas de los precios de la vivienda en plena burbuja inmobiliaria, según denunció entonces la PAH.

Quienes superen todos estos trámites podrán pedir a su banco o caja -excepto si se trata de Banesto, Deutsche Bank, Banco de Valencia o alguno de los otros ‘bancos malos’ no adheridos- una mejora de las condiciones de pago de la hipoteca. Si la cuota es de menos del 60% de los ingresos familiares, la tendrán que aceptar. Si no, pueden solicitar una “quita” (o perdón) de parte de la deuda, que la entidad podrá aceptar. O no. Si todos estos pasos no funcionan, 12 meses después, ahora ya sí, se podrá solicitar la dación en pago.  Eso sí, estas medidas no son retroactivas, es decir, no se podrán acoger quienes tengan una ejecución hipotecaria en marcha.

Durante todo este proceso, además, se vigilará al demandante por si tuviera la tentación, “voluntaria y deliberadamente” de “situarse en el umbral de exclusión” para poder acceder a estas condiciones de pago de deuda. Los encargados de acreditar este fraude serán los mismos bancos y cajas.

A la espera del informe semestral del grado de cumplimiento al que obliga el decreto, con el número de desahucios en aumento y teniendo en cuenta la rigidez de las condiciones de acceso, el Código de Buenas Prácticas no parece suponer un cambio radical en las maneras de negociar hipotecas por parte de bancos y cajas. Aún así, algunas incluso se han negado a formar parte de ese listado que, hasta que se demuestre lo contrario, no tiene más peso que el estético.

Buenos días.

Más subvenciones para las fundaciones de partidos, esta vez a cargo del presupuesto de Cultura

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BOE, cultura, fundaciones

• La convocatoria repartirá los 2.500.000 euros atendiendo al valor técnico y a la representación en Las Cortes de los partidos vinculados
• En 2011, estas mismas ayudas sumaron cinco millones, repartidas en su mayoría entre FAES e IDEAS, vinculadas a PP y PSOE

El 28 de septiembre el BOE hacía pública la convocatoria de una subvención de 900.000 euros destinada a las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria. Lo hacía, además, a cargo del esquilmado presupuesto para Cooperación al Desarrollo (1.300 millones de euros, en las últimas cuentas) y algunos medios, como eldiario.es, alertaban de lo que consideran una inyección de capital “por la puerta de atrás”. Pues bien, el mismo día que se hacía pública esa ayuda otro ministerio, esta vez el de Educación, Cultura y Deporte, aprobaba otra resolución para dotar de más fondos públicos a esas mismas fundaciones. A cargo del presupuesto de Cultura, la subvención a repartir esta vez es mucho más cuantiosa: 2.500.000 euros.

Tal y como ha publicado esta mañana el BOE, esta partida sale de los presupuestos de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro para el “funcionamiento y las actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural” de fundaciones y asociaciones con “dependencia orgánica” de partidos con representación en las Cortes Generales. En este caso, además, las entidades también tienen un margen de 15 días para presentar proyectos a desarrollar en 2012, al que le quedan poco más de dos meses.

Los criterios que tendrá en cuenta la comisión para otorgar proporcionalmente la cuantía son dos: valor técnico y representación obtenida en las últimas elecciones generales del partido vinculado. Sobre el primer aspecto, se valorará la calidad, repercusión y coherencia con respecto a las prioridades del Ministerio de los proyectos y entidades que se postulen. Este primer requisito podrá otorgar hasta 100 puntos de valoración. El segundo baremo no está cuantificado en la convocatoria, es decir, no se aclara cuánto peso tendrá el número de diputados/senadores de los partidos vinculados a cada fundación en el reparto de esos dos millones y medio de euros.

Atendiendo a este segundo baremo, los mayores beneficiarios de estas ayudas serían FAES (vinculada al PP) e IDEAS (al PSOE), los dos partidos con mayor representación parlamentaria (186 y 110 congresistas y 136 y 48 senadores, respectivamente).

Aunque 2.900.000 euros no es una partida nada despreciable, lo cierto es que estas mismas ayudas, en 2011, fueron incluso mayores: cinco millones de euros en total. En ese caso, en el reparto final del pastel se mostró su estrechísima vinculación con la representación parlamentaria. Aunque FAES (vinculada al PP) fue la entidad que se llevó la mayor dotación (2.072.548,55), fue superada por la suma de IDEAS (PSOE) y Fundació Rafael Campalans (PSC). Ambas entidades, vinculadas al partido político que entonces gobernaba, se llevaron 2.306.340 euros (1.961.101,83 para la fundación socialista y 345.238,17 para sus socios catalanes).

Les siguen, en cuantía por orden decreciente, la Fundación por la Europa de las Ciudades (vinculada  a IU, 160.699,06 euros), Catdem (CDC, 119.423,71), Fundación Sabino Arana (PNV, 62.540,02), Fundación Progreso y Democracia (UPyD, 62.530,01), Fundació Josep Irla (ERC, 59.558,15), Galiza Sempre (BNG, 43.421,20), Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC, 39.807,90), Fundació Hous Horitzons (ICV, 37.454,80) y Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios siglo XXI (CC, 35.675,60 euros).

Buenos días.

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Hace casi una década que una señora de Cartagena no encuentra a su marido. Las universidades españolas anuncian, casi a diario, el extravío de títulos oficiales, que vete a saber en manos de quién cae un doctorado. La historia diaria del Boletín Oficial del Estado es un folletín por capítulos sobre la pérdida. Sobre los extravíos particulares y los de interés general, como el de la transparencia. A falta de una ley que permita acceder a la información pública en condiciones, el paso por el BOE es el único imperativo que deben cumplir quienes gobiernan más allá de las puertas blindadas del Congreso y La Moncloa. Y esconde, sobre todo en estos tiempos, decretos, nombramientos, subvenciones y edictos que en las ruedas de prensa no se anuncian -o se esquilman- porque no hacen bonito.

Escudriñarlo es, o debería ser, labor de todos los medios de comunicación que hayan asumido esa historia de la responsabilidad social y el quinto poder, aunque sea a su manera. Muchos lo hacen. De hecho, cualquier ciudadano puede hacerlo, aquí lo tienen.  Entonces, ¿para qué puñetas me lo voy a leer yo cada mañana? Porque, después de ocho años en una redacción, ahora sí tengo tiempo para hacerlo.

Actualización en febrero de 2013: este blog me ha traído, entre otras muchas cosas estupendas, la oportunidad de emprender nuevos caminos para ejercer esta profesión. Ahora trabajo en la Fundación Ciudadana Civio.