El Gobierno introduce una frase modelo en los decretos de indultos para adaptarse a la sentencia que tumbó la medida de gracia al ‘kamikaze’ de Valencia

• El BOE recoge los primeros indultos dictados tras la sentencia del Supremo
• Afirma, en cada uno de ellos, que “concurren razones de justicia y equidad”
• El Gobierno tiene hasta el día 22 para volver a publicar el indulto de Valencia

El BOE recoge hoy 12 indultos aprobados en el último Consejo de Ministros del año, el pasado 27 de diciembre: seis a condenados por delitos contra la salud pública, dos por robo, dos por lesiones, uno por contrabando y otro por tráfico de drogas. Son los primeros que el Gobierno aprueba tras la sentencia del Supremo que tumbó el indulto al hombre que, cuando conducía en sentido contrario en Valencia, provocó un accidente que acabó con la vida el ocupante de otro vehículo

El texto de los Reales Decretos recoge una frase que, hasta ahora, no figuraba en los reales decretos de indulto: “estimando que, atendiendo a las circunstancias del/la condenado/a, concurren razones de justicia y equidad”.

El Gobierno aplicaría así, con una coletilla genérica válida igual para todos los indultos pero sin entrar a explicar cuáles son esas razones, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del pasado 20 de noviembre. El texto insistía -como ya hizo en la sentencia sobre el indulto a Alfredo Sáenz– en que el Supremo no podía juzgar la decisión del Ejecutivo de indultar o no a un condenado. Pero, en este caso, argumentó que el alto tribunal sí era competente para valorar si existía “arbitrariedad” en una medida, como afirmó que la hubo en este caso.

Obvio es que el control jurisdiccional no puede extenderse al núcleo esencial de la gracia (decisión de indultar o no indultar), ni a la valoración del contenido de los requisitos formales (esto es, al contenido de los informes reglados a los que se refiere la LI), pero sí a la no concurrencia de arbitrariedad en la concesión

Así, tumbó el indulto porque consideraba que el decreto no señala “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” exigidas en la ley. Además, dio tres meses al Gobierno para lo solventara y volviera a remitir el indulto. La fecha límite expira el 22 de febrero.

Buenos días.

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El Gobierno indulta al presidente de la UD Las Palmas para que pueda evitar ir a la cárcel

• Cambia la pena de tres años y un día por otra de dos años de prisión
• Realizó obras ilegales en un espacio protegido de Las Palmas

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 31 de octubre, un total de 23 indultos, publicados en el BOE de hoy. Entre todas estas medidas de gracia se encuentra la que fue concedida a Miguel Ángel Ramirez Alonso, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El Gobierno ha conmutado su pena de tres años y un día por otra de dos años para que, si el juez así lo considera, el presidente del club canario evite la cárcel.

Ramirez fue condenado en julio de 2011, tras presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, por un delito contra la ordenación del territorio. Los dos tribunales que estudiaron su caso estimaron como probado que, a través de una empresa de la que era administrador único, realizó una serie de construcciones sin licencia en una zona que, además, había sido declarada de especial protección medioambiental.

En concreto, el presidente del club canario fue condenado por realizar, sin tener en cuenta el valor medioambiental del terreno, un estanque, dos aparcamientos, caminos, edificaciones nuevas y vallas. El juez considero que estas modificaciones supusieron un grave daño al medio ambiente.

Además de la pena de prisión, ahora indultada por otra menor, fue condenado a inhabilitación en trabajos vinculados a la construcción durante tres años y un día y a pagar una multa, además de a hacerse cargo de la demolición de las obras ilegales. El Real Decreto le indulta a condición de que proceda a la demolición, aunque ese supuesto ya estaba claro en la condena.

Entre los 23 indultados publicados hoy también se encuentra Sara Bermudo, propietaria del Bar Coyote de Dos Hermanas (Sevilla), condenada a cuatro años por las graves molestias que ocasionaron a los vecinos los ruidos del local; Miguel García y María Eugenia Morales, condenados por el robo de tarjetas de crédito en un hotel en el que trabajaba él; Laila Idrissi, condenada por delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros; Clemente Peláez, hermano de una mujer a cuya boda acudió como testigo la infanta Elena; y Pedro José Soriano, un abogado que estafó a un padre y un hijo que le contrataron para gestionar los trámites referentes al fallecimiento de su esposa y madre.

Buenos días.

El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90

• Vació las arcas de cuatro sociedades que dirigía para declararlas en quiebra
• Gestionaba la restauración de seis aeropuertos españolas del 89 al 94
• Un funcionario condenado podrá recuperar su puesto gracias a otro indulto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.

El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.

Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.

El nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra y delegado del Gobierno en Sevilla. El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.

El BOE de hoy también recoge el indulto de Ángel Echevarría Valero, condenado por un delito consumado de falsificación de documento oficial de funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el año 2003. En este caso, el Gobierno cambia la condena por inhabilitación por una de suspensión, lo que significa que Echevarría podrá volver a su puesto una vez cumplida la pena (en el caso de la inhabilitación, habría perdido la plaza).

Buenos días.

El Gobierno indulta a un hombre que intentó prender fuego al club de alterne donde trabajaba su expareja

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incendio, indulto, San Fernando

• El juez ya había rebajado la pena porque los daños no llegaron a ser graves

El Gobierno concedió el pasado 1 de marzo el indulto a un hombre condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Cádiz a cinco años de cárcel por un delito de incendio. La pena ha quedado en dos años. El Real Decreto que recoge la medida de gracia, publicado hoy en el BOE, rebaja su pena hasta los dos años.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el hombre -entonces tenía 28 años- se enamoró de una prostituta que ejercía en San Fernando (Cádiz). Cuando ella decidió poner punto y final a la relación que mantenían, él acudió al prostíbulo, roció un bidón de gasolina en la entrada y le prendió fuego mientras su expareja y sus compañeras dormían en el interior. Afortunadamente, los dueños del local lo sofocaron a tiempo y el incendio sólo afectó a la fachada, la puerta y unas cortinas, tal y como narró la prensa el año de la condena.

El juez ya tuvo en cuenta entonces que los daños producidos en el club de alterne habían sido menores y que el padre del condenado había pagado los gastos de los mismos, apenas 270 euros, para rebajar su pena.

El BOE de hoy también recoge el indulto a un hombre condenado por fabricación de moneda falsa y tenencia ilícita de armas en 1997 y a un sentenciado en 2007 por estafa, que intentó cobrar un pagaré dos veces.

Buenos días.

El Gobierno ya suma siete indultos por delitos contra la seguridad vial

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Fernández Díaz, Gallardón, homicidio imprudente, indultos, seguridad del tráfico, seguridad vial

• Fernández Diaz afirmó que estas medidas no son política del Gobierno
• Dos días después, el BOE recoge un nuevo indulto por delito de tráfico

El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió hace dos días a las preguntas sobre el indulto al conductor kamikaze con una aseveración que sonaba a reprimenda a Gallardón: “No es política de este Gobierno indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial”, dijo, y llegó a compararlos con la violencia de género. Lo cierto es que, tras esa medida de gracia, han llegado otras dos por el mismo tipo de delito, aunque algunos de distinta gravedad. La última ha sido publicada en el BOE de esta misma mañana.

El Consejo de Ministros del 30 de noviembre, en el que también participaba Fernández Díaz, indultó no sólo al conductor kamikaze, sino también a otros dos conductores  condenados por delitos contra la seguridad del tráfico. Uno de ellos había sido condenado a dos años y seis meses de cárcel por conducción temeraria y homicidio imprudente. El otro, a una multa menor de cuatro meses por un delito mucho menos grave.

Una semana después, en la reunión ministerial del 7 de diciembre, el Gobierno indultó a un hombre condenado a 13 años por conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con homicidio imprudente y lesiones. Su pena quedó en dos años de multa.

El BOE ha publicado este viernes la séptima medida de gracia a favor de un condenado por un delito similar que, aunque indulta un delito mucho menos grave que los anteriores, sigue en esa línea que, según el ministro del Interior, no es “política” del Gobierno. La decisión ministerial, a propuesta de Gallardón y con la firma del rey, conmuta una pena de cuatro meses de prisión por 15 días en trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, aunque no conocemos el delito concreto puesto que las sentencias de primera instancia no suelen ser públicas, la pena impuesta por el juez indica que se trataría de un delito más leve que los anteriores. En concreto, se situaría dentro de los baremos del código penal que implican superar la velocidad permitida en 60 km/h en vías urbanas ó en 80 en vías interurbanas, conducir con una tasa de alcoholemia superior a 0,60 mg/l o bajo la influencia de las drogas o sin carnet.

Buenos días.

El Gobierno indulta a una activista condenada por pegar un puñetazo a una concejal de Cádiz en 2007

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BOE, Cádiz, ecología, indultos, Isabel Somoscarrera, Simone Righi

• Isabel Somoscarrera Vela fue condenada a cuatro años por atentado
  
• Participaba en una protesta contra el maltrato animal en una perrera
• Simone Righi, condenado por un delito similar, fue indultado en mayo
• Un juez acabó decretando el cierre de la perrera que ambos denunciaron

El BOE ha publicado hoy 16 indultos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre, entre los que se encuentra el de Isabel Somoscarrera Vela, que fue condenada en enero de 2011 por un delito de atentado cometido en 2007 a cuatro años de cárcel. El juez consideró probado que la mujer, que participaba en una protesta en un acto municipal contra las irregularidades detectadas en una perrera, propinó un puñetazo a Carmen Obregón, por entonces concejal del PP en el ayuntamiento de Cádiz.

El indulto rebaja la pena a dos años, por lo que evitará el ingreso en prisión, pero mantiene las multas que iban aparejadas a la sentencia: 1.080 euros por el delito de atentado, 180 por lesiones y 90 por injurias a la alcaldesa del municipio, Teófila Martínez, a quien llamó “asesina”, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz. El Tribunal Supremo ratificó esta decisión en diciembre de 2011.

Durante esa misma protesta también fue detenido y acusado de atentado a la autoridad Simone Righi, uno de los impulsores de la protesta contra la perrera de Puerto Real ya que descubrió, tres días después de dejarlos allí por recomendación municipal, que uno de sus perros había muerto y los otros dos habían desaparecido. Righi fue condenado a cuatro años y medio por intentar golpear a la alcaldesa Teófila Martínez, una acusación que siempre negó. El 11 de mayo de 2012, el Gobierno le concedió el indulto.

Durante el juicio, varias asociaciones ecologistas de la zona realizaron campañas para defender la inocencia de ambos y, por encima de todo, para criticar lo que consideraban una pena “desproporcionada”. La denuncia de Righi y las protestas posteriores acabaron con el cierre de la perrera de Puerto Real en noviembre de 2007 porque el juez halló indicios de maltrato a los animales.

Buenos días.

Más indultos

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Aznar, BOE, indultos, PP, Rajoy, Zapatero

• Rajoy ya lleva 390 indultos. Zapatero, en todo 2011, concedió 300
• Uno de los últimos agraciados es hermano de un concejal del PP

En lo que llevamos de 2012, el Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto unos 390 indultos. El Gobierno de Zapatero, durante todo el año 2011, indultó a 300 personas. Ni unos ni otros parecen poca cosa, pero lo que sí está claro es que Rajoy le gana la carrera a su antecesor antes de haber finiquitado el año. Aun así, ambos presidentes son principiantes en esto de conceder el derecho de gracia si les comparamos con José María Aznar. Durante el año 2000, superó de largo los 1.700 indultos, en parte gracias a un paquete de 1.327 (según mis cuentas manuales con datos del BOE; la prensa dijo entonces que eran 1.443) concedidos de golpe y porrazo en el Consejo de Ministros del 1 de diciembre de ese año atendiendo a razones tan terrenales como que era Año Santo y se acababa el milenio, tal y como lo justificó el entonces Ministro de Justicia, Ángel Acebes. La medida levantó una enorme polvareda entre jueces y ciudadanos, no sólo porque el indulto masivo está prohibido explícitamente en la Constitución Española, sino porque entre la montaña de polvo de los cientos de agraciados se encontraba el juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso Sogecable.

No ha sido el único indulto polémico. Zapatero se despidió de La Moncloa indultando al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; y Rajoy ha otorgado el derecho de gracia a cinco Mossos d’Esquadra condenados por torturas, un exalcalde y tres concejales del PP condenados por prevaricación y un alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en la época de Pujol condenado por malversación, entre otros.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la ciudadanía sospeche de cualquier indulto, un procedimiento heredado de las monarquías absolutas y la dictadura franquista (la ley que lo regula es de 1870). El BOE de hoy recoge un total de diez indultos. Uno de ellos se le otorga a Sergio Mochón González-Escalada, condenado en octubre de 2010 de un delito de lesiones causante de deformidad. Según probó la sentencia, le hizo saltar tres dientes a puñetazos a un portero de edificio. El indulto rebaja la pena de tres a dos años, que se cumplirían este mismo mes.

No conocemos las razones de esta medida de gracia, ya que no se hacen públicas, pero sí que Sergio Mochón González-Escalada es hermano de un concejal del PP en Cájar (Granada) y nieto de marquesa y general. Perdonar la pena a una persona relacionada con un miembro del partido en el Gobierno no es delito, pero sospechar tampoco.

Buenos días.

(Muchas gracias por su ayuda a Carlos Almeida)